Veintiuna perlas encontradas en el programa de Podemos

  1. Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y de la edad de
    jubilación a 60 años, como mecanismos para redistribuir equitativamente el trabajo y la riqueza.
  2. Derogación de la última reforma de las pensiones y prohibición de la privatización o recortes del sistema público de pensiones.
  3. Auditoría ciudadana de la deuda pública y privada para delimitar qué partes de éstas pueden ser consideradas ilegítimas para tomar medidas contra los responsables y declarar su impago.
  4. Prohibición de los instrumentos financieros propicios a la especulación financiera, como los fondos buitres.
  5. Recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía: telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico y educativo, mediante la adquisición pública de una parte de los mismos, que garantice una participación mayoritaria pública en sus consejos de administración.
  6. Se entenderá por tanto que toda privatización debe hacerse mediante referéndum, ya que supone la venta de activos colectivos propiedad de la ciudadanía.
  7. Derogación del secreto bancario y establecimiento de una norma vinculante para todas las entidades financieras establecidas en Europa que obligue a facilitar a las administraciones públicas toda la información respecto de sus clientes.
  8. Derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza.
  9. Adopción de medidas y mecanismos de participación directa de todas las personas en la toma de decisiones sobre los asuntos comunes.
  10. Ampliación y extensión de la figura del referéndum vinculante, también para todas las decisiones sobre la forma de Estado y las relaciones a mantener entre los distintos pueblos si solicitaran el derecho de autodeterminación.
  11. Separación por ley de la propiedad de los grupos financieros y comunicativos, garantizando así la independencia de todos los medios de información de los diferentes gobiernos y grandes grupos empresariales.
  12. Garantía de hacer efectivo el derecho de todas las personas, ya sea a nivel individual o colectivo, a participar en el gobierno de su país y hacer real el acceso universal a la representación política.
  13. Prohibición explícita del copago sanitario y farmacéutico.
  14. Eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada, incluida la modalidad de concertada.
  15. Consideración del suministro de luz, agua y calefacción como un derecho básico inalienable, que debe ser garantizado por parte de empresas públicas.
  16. Prohibición de los CIES. Anulación de los programas contra la inmigración FRONTEX y EUROSUR. Fin de la llamada “Directiva de la vergüenza”. Eliminación de las vallas fronterizas anti-persona y del SIVE. Fin de la política de externalización de fronteras. Fin a los vuelos o barcos de deportación de inmigrantes.
  17. Derecho a tener derechos. Reconocimiento del derecho de los y las emigrantes a votar donde viven, cotizan y trabajan.
  18. Política de apoyo a la autodeterminación del Sáhara Occidental. Reconocimiento del Estado Palestino y exigencia de la devolución íntegra de los territorios ocupados por Israel.
  19. Derogación del Tratado de Lisboa del mismo modo que todos aquellos que han construido la Europa neoliberal y antidemocrática; apertura de un proceso que camine hacia una refundación de las instituciones de la UE a través de una asamblea constituyente.
  20. El nuevo ordenamiento jurídico ha de contemplar los referéndums vinculantes y las Iniciativas legislativas populares como pieza clave de participación democrática.
  21. Reconocimiento del derecho de los distintos pueblos de Europa a constituirse como tales y decidir democráticamente su futuro.

La Vicime

Ustedes habrán visto ondear en Cataluña una bandera que, además de las barras rojas y amarillas de la senyera, tiene un triángulo con una estrella que la asemeja a la bandera cubana, y quizá se hayan preguntado de dónde ha salido esa enseña “estrellada”.
Arcadi Espada nos recordó el otro día que el “inventor” de esa bandera se llamaba Vicens Albert Ballester Camps (1872-1938) y firmaba sus escritos con un acrónimo: “Vicime” (“Viva Cataluña y muera España”), lo cual describe mejor que cualquier otra referencia la calidad moral de aquel tarado.
Pues bien, el domingo 24 de agosto un coche paró junto a una rotonda, a la entrada del pueblo de Vilobí d’Onyar, en la provincia de Gerona. Un hombre bajó del vehículo, se encaramó al mástil, desprendió la vicime que allí ondeaba, volvió al coche y éste salió del pueblo. Un vecino observó el acontecimiento y tomó nota de la matrícula. Luego se supo que el coche pertenecía a la Guardia Civil.
Oigamos lo que dijo a este propósito la alcaldesa de Vilobí (separatista, of course):
»Es lamentable que alguien cometa un robo de estas características, porque no se trata solo de una bandera. Es un símbolo de país para mucha gente que de forma pacífica y democrática defiende la independencia de Cataluña. Pero es muchísimo más grave quién lo ha hecho. No puedo entender los motivos que llevan a unos agentes del orden, sean del cuerpo que sean, a llevar a cabo un ataque de estas características que va contra la convivencia.
Ataque contra la convivencia es la exhibición impúdica por parte de la autoridad local de una bandera insultante para buena parte de los catalanes y de los españoles. Porque la “estrellada” no representa a todos los vecinos de Vilobí, como sí lo hacen las banderas oficiales de España y Cataluña y el escudo del pueblo. No es la bandera de ningún partido político ni de institución alguna. Es la vicime y así deberíamos llamarla a partir de ahora. La bandera de “muera España”.
La “estrellada” solo representa al sinvergüenza de su creador.

Vacaciones

Culo de vacaciones

Tomaré vacaciones el 1 de agosto. Les deseo, queridos amigos, un verano feliz y tranquilo y que los varones tengan siempre en cuenta el siguiente “pensamiento”:
El culo femenino representa la más bella y profunda llamada de la Naturaleza, pero siempre se aleja. El culo huye, se va, como se va la vida.

Pirámide de edades

Pira

Esta pirámide (enero de 2023) nos señala con pocos riesgos de error cuál va a ser la estructura por edades española en nuestro próximo futuro. Una estructura insostenible. Pensemos sólo en uno de los efectos perversos de una estructura tan envejecida: el futuro de las pensiones. ¿Quiénes las van a pagar?
Y todavía hay gente por ahí –en las Administraciones Públicas y en las empresas privadas- echando sin piedad y sin pensárselo dos veces a mucha gente a la jubilación contra la voluntad de esos jubilados forzosos. Otros, con la alegría de un demente,  pretenden jubilar a todo el mundo al cumplir los 60 años. Todos estos “jubiladores” nos llevan al suicidio colectivo.

Primero calculemos y luego discutamos

A propósito de la publicación del sueldo de los miembros del Consejo Consultivo (la Comunidad Autónoma de Madrid puso en marcha esta institución después que muchas otras: Canarias, Cataluña, Baleares, Andalucía, Valencia, Aragón…) se han querido emitir dos mensajes, de esos que hoy penetran en la opinión pública como un cuchillo en mantequilla blanda.
El primero de ellos es que el PP ha querido comprar mi voluntad a cambio de una “mamandurria”. Es un tosco error: los ex presidentes de la Comunidad son miembros permanentes del Consejo Consultivo si así lo quieren y no incurren en incompatibilidad. No es un cargo creado a mi medida. Pero es que, además, ¿cuánto ganaba yo antes de “agarrarme a esta mamandurria”? Como estos nuevos inquisidores no van a contestar a esa pregunta, tendré que hacerlo yo:
Yo ingresé en el Consejo Consultivo procedente del INE. Había ganado mi plaza de Estadístico Superior del Estado en 1969 mediante oposición libre (estuve más de dos años preparando esa oposición con una dedicación de unas doce horas diarias).
Como funcionario, mi sueldo en el INE (según la nómina del mes de febrero de 2008 que tengo delante) era de 5.395 euros netos mensuales (83.300 euros brutos anuales).  Hoy, como Consejero, gano 5.525 euros mensuales (mi sueldo bruto anual es ahora de 100.560 euros). Teniendo en cuenta que la inflación acumulada durante estos últimos 63 meses ha sido el 11,4%, en términos reales ganaba más en el INE que ahora en el Consejo.
Vayamos al segundo mensaje: “A usted le están pagando los contribuyentes 8.380 euros mensuales por asistir a una reunión a la semana, es decir, por no hacer nada”.
La segunda parte se desmonta sola, pues es tanto como decir a los ministros –que también se reúnen una vez por semana- que ellos tampoco hacen nada. Pura demagogia. Y como la demagogia no tiene piedad con la Estadística, cogen el presupuesto bruto del Consejo Consultivo (sin tener en cuenta, por ejemplo, las plazas no cubiertas), lo dividen por el número de informes aprobados y deducen que cada informe cuesta unos 6.000 euros. “¡Carísimo!”, añaden.
Ah, pero ¿cuánto cobra un abogado de prestigio por un contencioso semejante?
Hay, además, otra estadística que tampoco se quiere calcular y es la de saber cuánto dinero suman las reclamaciones patrimoniales sobre las cuales informa el Consejo (ésa es una parte de su trabajo). Desde luego, el ahorro que los informes del Consejo sobre reclamaciones patrimoniales procuran a las distintas administraciones públicas multiplica por una cifra de dos dígitos el coste del citado Consejo.
También se argumenta diciendo que de esos contenciosos se podría hacer cargo el Consejo de Estado, pero cualquiera que conozca algo del asunto sabe que el Consejo de Estado no podría asumir esa carga de trabajo. Y que precisamente para ahorrársela y prestarle apoyo se crearon los Consejos Consultivos.

Pero volvamos a mi caso: ¿me pagan los contribuyentes 8.380 euros al mes? Evidentemente, no. Ese es el sueldo bruto al que es preciso restar los descuentos. En neto, ya lo he dicho, son 5.525 euros mensuales.
¿Es esa cantidad la que dejarían de pagarme los contribuyentes en caso de que yo dejara de trabajar en el Consejo? Desde luego que no. Veamos:
Después de haber cotizado al nivel máximo a la Seguridad Social desde mis veintipocos años y de seguir cotizando pasada ya la edad de los 65 años, yo cobraría una pensión de unos 3.000 euros netos. Si a lo que gano ahora (5.525) se restan los 3.000 euros nos quedan 2.525. ¿Es esa cantidad la que se ahorrarían los contribuyentes?  Tampoco.
Para empezar, una vez jubilado, yo dejaría de cotizar a la Seguridad Social y, desde luego, pagaría mucho menos de IRPF (en 2013 pagué de IRPF 46.968,56 euros por todos mis ingresos). Calculo que tras mi jubilación los contribuyentes se ahorrarían conmigo, como máximo, 1.000 euros mensuales.
Y yo me pregunto: ¿no habría muchas empresas o administraciones dispuestas a pagar 1.000 euros mensuales por el trabajo de una persona que tiene dos doctorados, ha trabajado de alto funcionario en España y  en las Naciones Unidas, ha sido profesor universitario, ha llevado la Hacienda del mayor ayuntamiento de España, ha sido diputado y ha sido, en fin, presidente de una Comunidad Autónoma durante doce años? ¿Es que la experiencia no vale para nada en España?
Pues eso: 1000 euros es lo que en términos netos paga la Comunidad de Madrid por la asesoría de una persona que la ha presidido doce años y que algo debe saber sobre los problemas que tienen la institución y los madrileños.

Concluyo este alegato con una reflexión más general: se percibe por estos lares una pulsión generalizada por quitarse de en medio a las personas mayores, como si estorbaran en sus puestos de trabajo. Y así vemos a médicos, ingenieros, administrativos… en perfecto estado físico y mental que, sin ellos desearlo, son “enviados” a la pre-jubilación o a la jubilación, como si esa expulsión le saliera gratis al contribuyente. Pues de gratis, nada. Los jubilados en contra de su voluntad cobrarán la jubilación y dejarán de aportar a la sociedad su valioso trabajo.
Aunque las personas con experiencia podamos llegar a ser bastante incómodas, antes de pre-jubilar o jubilar a una persona, el “jubilador” debería echar una mirada a la pirámide de edades española. Entonces se daría cuenta de que, en España, jubilar a alguien en contra de su voluntad es, simplemente, un crimen de “lesa patria”.