El aborto es un mal, un amargo trago y un daño psicológico y físico para la mujer que se ve obligada a realizarlo. En el fondo, la interrupción voluntaria del embarazo nunca es voluntaria sino obligada por circunstancias sanitarias, sociales o personales. Quienes somos partidarios de la despenalización del aborto no deseamos que se produzcan abortos, queremos solamente que las mujeres que aborten y los profesionales que realicen los abortos no tengan que ir a la cárcel por ello.
La ley actual –que despenalizó el aborto bajo determinadas circunstancias en los años ochenta del siglo pasado- ha mostrado fallos. Fallos que pueden corregirse pasando de una enumeración de las causas despenalizadoras a la determinación de plazos máximos tras el embarazo, dentro de los cuales se podrá abortar sin incurrir en un delito. Eso es lo que ha de conseguir la nueva ley.
El debate político no puede girar –como lo está haciendo- en torno a si el aborto es bueno o es malo, o si estamos a favor o en contra de la vida, sino sobre si queremos o no queremos que las mujeres que aborten y quienes las ayuden a hacerlo vayan a la cárcel o no vayan.
Y si esto es así, ¿qué interés tienen los dirigentes del nuevo socialismo en complicar las cosas, metiéndose en jardines científicos y en complejos recovecos morales que afectan a lo más íntimo de las conciencias?
No quisiera hacer un juicio de intenciones, pero me temo –una vez más- que detrás de este planteamiento (que va mucho más allá del objetivo de una ley despenalizadora) los sempiternos asesores electorales buscan provocar que los obispos salgan a las calles asustando al personal y metan en las urnas un millón de votos socialistas, tal como hicieron en marzo del año pasado… y si eso es así, pues –qué quieren que les diga- yo no estoy de acuerdo con tanto oportunismo… y menos a propósito de un asunto tan delicado como éste.
