Archivo por meses: marzo 2010

EN EL AIRE

Estrenada no hace mucho en España “Up in the air” -inspirada en una novela de Walter Kirn que lleva el mismo título-, la película, dirigida por Jason Reitman y protagonizada por George Clooney, gira en torno a una empresa dedicada a “poner gente en la calle”, cuyos clientes son los diversos departamenY AÚN DICEN QUE EL PESCADO ES CARO. SOROLLAtos de “recursos humanos” de las numerosas empresas en los más variados sectores, bajo la obsesión de “adelgazar” y “renovar” plantillas. Entregados todos ellos a la sin par tarea de flexibilizar la producción. La película –al igual que la novela de Kirn- nos traslada, en forma de comedia dramática, el calvario de tantos trabajadores de mediana edad que en la madurez de su carrera profesional se ven despedidos… sin que su jefes den la cara. Para ejecutar tales decisiones, los ejecutivos (más bien “ejecutores”) se ocultan tras los rostros, tan sonrientes como curtidos, de unos individuos cuya profesión es puro y perverso cinismo… y, ya se sabe, toda perversión se sustenta en otra previa: la perversión del lenguaje, la destrucción de las palabras. No existen despidos sino que son prácticas de reengineering. No te vas a la calle, sino que tienes una nueva oportunidad para reiniciar tu vida profesional. “En ATT –escribió en su día un ejecutivo de esa empresa- tenemos que fomentar el concepto de que la fuerza de trabajo es contingente”. La consigna de este capitalismo en red es nada a largo plazo, lo cual destroza toda pretensión planificadora, disuelve cualquier vínculo interno de confianza o de compromiso y levanta un muro infranqueable entre la voluntad y los comportamientos. Richard Sennett –profesor de la London School of Economics, una buena parte de cuyas obras (“El artesano”, “El respeto”, “La cultura del nuevo capitalismo” y “La corrosión del carácter”) ha publicado Anagrama- ilustra e ilumina este proceso que ha transformado el capitalismo industrial de la post-guerra en un nuevo paradigma cuya palabra fetiche es flexibilidad. Ya no existen carreras profesionales ni perspectivas vitales. Ese camino está bloqueado por la flexibilidad. Al atacar la burocracia rígida de antaño, la flexibilidad dice traer de la mano “más libertad para moldear la vida, más oportunidades”. Nada más lejos de la verdad. Según estimaciones solventes, el número de trabajadores estadounidenses que se quedó sin trabajo en apenas quince años, entre 1980 y 1995, a causa de las reducciones de plantillas alcanzó la apabullante cifra de 40 millones de personas. Operaciones “reductoras” que están directamente conectadas con el aumento de la desigualdad, pues sólo una minoría de los trabajadores de mediana edad despedidos encontraron un nuevo trabajo con igual o mejor salario del que tenían. Una reingeniería que -en términos de productividad y en términos globales- ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque esos cambios bruscos no traen sino disfunciones: “Se descartan y revisan los planes comerciales, los beneficios esperados resultan efímeros, la organización pierde dirección”. Y esto no lo escribió ningún cesante sino Erik K. Clemons, uno de los consultores más prestigiosos de Norteamérica. Estos fiascos generalizados permitieron definir a los sociólogos Scott Lash y John Urry el proceso de flexibilización como “el final del capitalismo organizado”. Y no sólo fueron ellos, ya en los años noventa la AMA (American Management Association), tras un concienzudo estudio sobre importantes procesos de reducción de plantillas, llegó a la conclusión de que tales prácticas conducían a “menores beneficios y a una productividad decreciente”. Es más, el estudio afirmaba que “menos de la mitad de las empresas (implicadas en fuertes reducciones de plantillas) han logrado sus objetivos de reducción de gastos; menos de un tercio han aumentado la rentabilidad y menos del 25% aumentaron la productividad”. Las razones no son difíciles de encontrar. Son dos: desorganización industrial y descenso de la motivación laboral, pues, tras estas “purgas”, los trabajadores que sobreviven no lo consideran como un premio, tan solo esperan la llegada del próximo hachazo. El trabajo en red y la flexibilidad han destruido las grandes concentraciones productivas, aquéllas en las que, por ejemplo, se fabricaban sobre el mismo espacio físico el motor, la chapa, las ruedas… todas las piezas, y también se hacía el montaje del automóvil. Se recurre ahora a un archipiélago en el que cada isla productiva se ha especializado en una pieza, y esto debiera haber significado una explosión de productividad… eso piensa mucha gente, pero es falso. En efecto, el crecimiento de la productividad por persona ocupada y, también, por hora trabajada no hizo sino disminuir desde los años cincuenta hasta el final del siglo pasado. De un crecimiento anual del 2% (por persona) y del 2,4% (por hora) en los EEUU se ha pasado al 0,8% y al 1,1% respectivamente. Y lo mismo ocurrió en los otros cuatro grandes países industrializados: Alemania, Japón, Reino Unido y Francia. Así que menos lobos. Sea como sea, no estamos ante un proceso arbitrario o caprichoso. Existen razones externas que aconsejan esa “renovación permanente”. En primer lugar, la inestabilidad de la demanda. Es ella quien empuja hacia la “especialización flexible”. Además, el valor en bolsa de las acciones de las compañías suele responder positivamente a cualquier cambio organizativo de éstas, como si cambiar fuera en sí mismo un bien. De hecho, en los mercados bursátiles actuales el trastorno que provoca la flexibilidad en las organizaciones empresariales se ha mostrado muy rentable y, aunque a largo plazo, estos bruscos giros acaben en fracasos, el beneficio bursátil a corto plazo suele estar más que asegurado. Anida, en fin, otra “ventaja” en la sustitución de las grandes concentraciones productivas y su transformación en “archipiélagos” y ésta no es otra que la destrucción del poder sindical, que se ve forzado a operar ahora sin los viejos anclajes que le daba antaño la concentración de trabajadores en una sola, grande e integrada fábrica. Resulta obvio señalar que estos cambios productivos han destruido también una añosa “ética del trabajo”, aquélla que pedía “trabajar duro y esperar la justa recompensa”. Esa espera, esa gratificación postergada, carece de sentido en instituciones velozmente cambiantes. ¿Por qué trabajar largo y duro para un empleador que sólo piensa en liquidar este negocio e irse a otro? En la era de la flexibilidad, la ética del trabajo se llama equipo, trabajo en equipo. Otra filfa que ilustra con talento una serie televisiva norteamericana: “Mad Men”. El poder está presente incluso en las escenas más superficiales, dentro de ese sedicente trabajo en equipo, pero a diferencia del trabajo jerarquizado, ahora no existe autoridad, es decir, los jefes ya no se hacen cargo de ninguna responsabilidad, ésa recae sobre las espaldas del “equipo”. En fin, nos quejábamos de la “explotación y de la alienación” del trabajo asalariado que sufrieron nuestros padres, mientras nosotros ascendíamos por la escala social a base de codos y de trabajo, pero, en lo tocante a la vida laboral, me temo que a nuestros hijos los dejaremos en el aire.

IMPUESTOS

 

 Fue el líderLA TIENDA DE LOS HORRORES máximo quien afirmó lo siguiente: “Bajar los impuestos es de izquierdas”. Claro que lo dijo antes de que cayeran chuzos de punta sobre la economía española. Ya en plena crisis, la tesis fue matizada por el número dos, José Blanco, que al final del verano de 2009 anunció, con el correspondiente acompañamiento de atambores: “Vamos a subir los impuestos,  pero sólo a los ricos”. Más tarde se supo otra  noticia por boca de Elena Salgado –llegó Paco con la rebaja –: “Únicamente se subirá el IVA”. Un impuesto indirecto que, como todo el mundo sabe, sólo pagan los ricos. En fin, que la coherencia del logos gubernamental, al menos en este asunto, ha brillado por su ausencia.
¿Y qué decir del PP? Pues a éstos no se les puede tachar de incoherentes. Son coherentes en su contumaz y machacón discurso según el cual bajar los impuestos conduce, inexorablemente, a la prosperidad… y lo dicen al modo de Bartolo, que tocaba la flauta con un agujero solo, pero, como diría Karl Popper, este aserto es fácil de falsar. Vamos, que no es preciso ser un lince para demostrar su falsedad, pues para ello basta con mirar hacia los países con más alta renta por habitante y comprobar que, en Suecia, por ejemplo, los impuestos son bastante más altos que en Grecia.
La conclusión a la que llego es que, por estos lares, en este como en otros asuntos, primero se dispara y luego se apunta. Piénsese, por ejemplo, en la eliminación del impuesto de sucesiones. Supresión iniciada por varias Comunidades Autónomas –que, mientras lo hacían, exigían más dinero del Estado- y continuada por el actual Gobierno, que al eliminarlo hizo pasar este impuesto a la Historia. Eso sí, con el aplauso general (¿pero hay alguien por ahí al que le guste pagar impuestos?).
Y así vamos, con un déficit de caballo y sin que nadie se atreva a meterle de verdad el diente –aparte de al fraude- a una fiscalidad cuya columna vertebral es el IRPF, un impuesto que pagan casi exclusivamente (el 90% de la recaudación) los asalariados.

 

ACLARACIÓN

 

Ante la confusión –bastante interesada- en torno a los procesos penales abiertos contra el juez Garzón, y con el objeto de aclarar -si es que ello fuera necesario- mi anterior entrega titulada “El cántaro y la fuente”, añadiré lo que sigue:
Es bien sabido que Baltasar Garzón tiene abiertos tres procesos en el Tribunal Supremo, a saber: 1) Por ordenar escuchas a los abogados defensores en el asunto Gürtel sin ser éste un caso de terrorismo, 2) por haber obtenido financiación de un banco (el Banco Santander, contra el cual había un procedimiento en su juzgado) para unas conferencias que el juez impartió en los EEUU y 3) Por haber incoado y cerrado un procedimiento penal proveniente de unas denuncias sobre desapariciones forzadas bajo el franquismo.
Me fijaré, exclusivamente, en este tercer asunto, que es, de lejos, el que más confusión y más literatura viene produciendo.
Garzón abrió esta causa a finales de 2006 y la cerró el 18 de noviembre de 2008. ¿Qué hizo Garzón durante esos dos años? Nada durante el primer año y medio y durante el otro medio año solicitó información (providencias del 28 de agosto y del 25 de septiembre de 2008) sobre desapariciones y enterramientos clandestinos en toda España. Asuntos ambos que no son competencia de la Audiencia Nacional, cuyo juzgado número 5 ocupa Garzón.
Pese a esa evidente falta de competencias, el 16 de octubre de 2008, el juez Garzón dictó un auto declarándose competente y para declararse competente introdujo en el procedimiento un nuevo delito: un delito contra altos organismos de la Nación (delito para el cual sí es competente la Audiencia Nacional), en el cual estaría incurso el “Alzamiento Nacional”. En dicho auto suministraba los nombres y apellidos de los responsables del “Alzamiento Nacional”, afirmando allí, por dos veces, que todos los implicados estaban ya muertos, como, por otro lado, era público y notorio.
Pese a que la notoriedad de los fallecimientos exime de probar la muerte de los implicados, Garzón requirió los correspondientes certificados de defunción. Y aquí viene el truco. ¿Para qué pidió esos certificados? Para –eso dijo él mismo- declarar extinguidas esas responsabilidades, lo cual suponía (implícita pero indudablemente) la existencia de esas responsabilidades. Una declaración de responsabilidad que es ajena a la capacidad de cualquier juez instructor.
Cuando le llegaron los certificados de defunción, Garzón, mediante otro auto, hizo lo que ya había anunciado: declaró extinguidas las responsabilidades y el proceso volvió a su ser inicial: las desapariciones forzadas, para cuya investigación el juez Garzón carecía y carece de competencia alguna. Es decir, Garzón se declaró incompetente apenas un mes después de haberse declarado competente.
En resumen, ¿qué investigación ha realizado Garzón respecto a las desapariciones denunciadas? Ninguna. ¿Qué investigación ha ordenado respecto al “Alzamiento Nacional”? Ninguna.
Pero, ¿ha infringido Garzón en este asunto alguna norma jurídica? Según algunos prestigiosos procesalistas, Garzón, durante este viaje a ninguna parte, se ha saltado: a) la prohibición de incoar un proceso de inquisición general, b) la norma que señala las competencias de la Audiencia Nacional, c) el artículo 25 de la Constitución, d) más de una decena de preceptos del Código Penal, e) otros tantos artículos de la Ley de Enjuiciamiento criminal, etc., etc. Actuaciones antijurídicas que el Juez Campeador ha emprendido bien a sabiendas o bien por ignorancia culpable, es decir, prevaricando.
¿Con qué objeto se ha metido Garzón en este jardín?
Responder a esta cuestión no es fácil, pero conociendo al personaje, no es arriesgado suponer que pretendía abrir una causa general contra el franquismo (imitando a la que Franco abrió contra la II República) al amparo de la última moda ideológica, aquella que sostiene que la Transición fue producto de la cobardía, como lo fue la Ley de Amnistía de 1977. Ley que el mismo Garzón consideró aplicable cuando alguien quiso abrir un proceso penal a causa de los asesinatos cometidos en Paracuellos y en Torrejón a finales de 1936. Una Ley que según la moda revisionista hoy tan en boga no se aprobó en aras de la reconciliación nacional, sino para dotar de impunidad a los franquistas… y, claro, según los neo-antifranquistas (éste es el último carro al que se ha subido el juez estrella), ha llegado la hora, por fin, de hacer justicia.
¿Y quién  está mejor dotado para hacer “Justicia universal” que el juez de marras?