Antonio Caño, quien fuera director de El País, escribió anteayer lo siguiente:
Alrededor de las 11:30 de la mañana de hoy, 14 de julio de 2021, recibí una llamada telefónica de la directora de Gestión de Talento del Grupo PRISA, Marta Bretos Serrano, en la que se me comunicaba mi despido con efecto inmediato, causando baja en la Seguridad Social y en la plantilla de EL PAÍS desde el momento mismo de la llamada.
[…]
El despido se produce después de varios incidentes con la dirección del periódico relacionados con el contenido de la Tribuna de opinión que publico una vez al mes. La última de ellas, titulada “Algunas lecciones para la izquierda”, no fue publicada en la edición de papel por decisión del director del periódico. Ya anteriormente, durante la gestión de la anterior directora, se impidió la publicación de otro artículo mío crítico con el actual Gobierno español.
[…] Por lo tanto, considero que este despido es un despido por razones ideológicas, ilegal y sin precedentes en la historia de PRISA. Durante mi etapa como director, todos los anteriores directores tuvieron libertad plena para expresar sus opiniones en artículos y columnas.
Como considero que este despido no sólo me causa un enorme perjuicio personal y profesional sino que supone también un atropello a la libertad de expresión, me reservo el derecho a las acciones legales pertinentes.
¿Y qué tenemos que decir los lectores y suscriptores de El País? Pues muy sencillo: que los actuales dueños de esa empresa están a las órdenes de Pedro Sánchez y de esa forma se han cargado al “periódico independiente de la mañana”, que pasa a ser un fiel servidor de quien ocupa el colchón de La Moncloa.
¿Quién pierde? Pierde la libertad de expresión y la necesaria crítica que debe existir en cualquier democracia.
