“El exceso de leyes anula la justicia”
Jaime Guasch
Durante la semana, el Congreso de los Diputados ha debatido y aprobado siete normas con rango de Ley. En el conjunto de la Legislatura que comenzó en 2004 se aprobarán –si Dios no lo remedia- casi 350 leyes. Aproximadamente, una ley cada tres días, incluidos domingos y fiestas de guardar. El llamado Código Penal de la Democracia, por ejemplo, ha sido retocado más de cien veces desde su aprobación hace apenas diez años.
Todo este baile legislativo no es nuevo (el último año de Aznar fue también cuantitativamente terrorífico desde el punto de vista normativo) y responde a un pensamiento muy latino, a saber: todo problema, cualquier conflicto, demanda o reivindicación sociales se solucionan con una Ley. De esta suerte, la Ley es entendida en España como un bálsamo de Fierabrás, útil para curar cualquier dolencia.
Que las leyes, una vez aprobadas, se cumplan o no, carece de importancia. Si los gobiernos españoles (nacional, autonómicos, municipales) dedicaran a hacer cumplir las leyes la décima parte del esfuerzo que dedican a crear normas… los ciudadanos nos podríamos dar con una canto en los dientes.
Estamos ante una fe que –aunque digna de mejor causa- sí que mueve montañas… montañas de papeles y de confusión. Una diarrea legislativa que a los únicos que aprovecha es a los leguleyos, a aquellos que viven del enredo entre las puñetas de los jueces y fiscales, en las covachas más oscuras de los juzgados. A los profesionales de la cosa, sí les viene bien; a los ciudadanos del común sólo les perjudica.
Cualquier jurista serio sabe, perfectamente, que una Ley precisa de una maduración no inferior a cinco años. Antes de ese rodaje es imposible decidir acerca de su bondad o de su perversión.
Convencido de ello, me atrevo a realizar una propuesta, una pequeña reforma constitucional que diría así: “Una vez aprobada una ley por las Cortes Españoles, ésta no se podrá reformar o abrogar en los próximos cinco años, a no ser que los cambios propuestos cuenten con el apoyo de los tres quintos del Congreso de los Diputados”.
