Primero calculemos y luego discutamos

A propósito de la publicación del sueldo de los miembros del Consejo Consultivo (la Comunidad Autónoma de Madrid puso en marcha esta institución después que muchas otras: Canarias, Cataluña, Baleares, Andalucía, Valencia, Aragón…) se han querido emitir dos mensajes, de esos que hoy penetran en la opinión pública como un cuchillo en mantequilla blanda.
El primero de ellos es que el PP ha querido comprar mi voluntad a cambio de una “mamandurria”. Es un tosco error: los ex presidentes de la Comunidad son miembros permanentes del Consejo Consultivo si así lo quieren y no incurren en incompatibilidad. No es un cargo creado a mi medida. Pero es que, además, ¿cuánto ganaba yo antes de “agarrarme a esta mamandurria”? Como estos nuevos inquisidores no van a contestar a esa pregunta, tendré que hacerlo yo:
Yo ingresé en el Consejo Consultivo procedente del INE. Había ganado mi plaza de Estadístico Superior del Estado en 1969 mediante oposición libre (estuve más de dos años preparando esa oposición con una dedicación de unas doce horas diarias).
Como funcionario, mi sueldo en el INE (según la nómina del mes de febrero de 2008 que tengo delante) era de 5.395 euros netos mensuales (83.300 euros brutos anuales).  Hoy, como Consejero, gano 5.525 euros mensuales (mi sueldo bruto anual es ahora de 100.560 euros). Teniendo en cuenta que la inflación acumulada durante estos últimos 63 meses ha sido el 11,4%, en términos reales ganaba más en el INE que ahora en el Consejo.
Vayamos al segundo mensaje: “A usted le están pagando los contribuyentes 8.380 euros mensuales por asistir a una reunión a la semana, es decir, por no hacer nada”.
La segunda parte se desmonta sola, pues es tanto como decir a los ministros –que también se reúnen una vez por semana- que ellos tampoco hacen nada. Pura demagogia. Y como la demagogia no tiene piedad con la Estadística, cogen el presupuesto bruto del Consejo Consultivo (sin tener en cuenta, por ejemplo, las plazas no cubiertas), lo dividen por el número de informes aprobados y deducen que cada informe cuesta unos 6.000 euros. “¡Carísimo!”, añaden.
Ah, pero ¿cuánto cobra un abogado de prestigio por un contencioso semejante?
Hay, además, otra estadística que tampoco se quiere calcular y es la de saber cuánto dinero suman las reclamaciones patrimoniales sobre las cuales informa el Consejo (ésa es una parte de su trabajo). Desde luego, el ahorro que los informes del Consejo sobre reclamaciones patrimoniales procuran a las distintas administraciones públicas multiplica por una cifra de dos dígitos el coste del citado Consejo.
También se argumenta diciendo que de esos contenciosos se podría hacer cargo el Consejo de Estado, pero cualquiera que conozca algo del asunto sabe que el Consejo de Estado no podría asumir esa carga de trabajo. Y que precisamente para ahorrársela y prestarle apoyo se crearon los Consejos Consultivos.

Pero volvamos a mi caso: ¿me pagan los contribuyentes 8.380 euros al mes? Evidentemente, no. Ese es el sueldo bruto al que es preciso restar los descuentos. En neto, ya lo he dicho, son 5.525 euros mensuales.
¿Es esa cantidad la que dejarían de pagarme los contribuyentes en caso de que yo dejara de trabajar en el Consejo? Desde luego que no. Veamos:
Después de haber cotizado al nivel máximo a la Seguridad Social desde mis veintipocos años y de seguir cotizando pasada ya la edad de los 65 años, yo cobraría una pensión de unos 3.000 euros netos. Si a lo que gano ahora (5.525) se restan los 3.000 euros nos quedan 2.525. ¿Es esa cantidad la que se ahorrarían los contribuyentes?  Tampoco.
Para empezar, una vez jubilado, yo dejaría de cotizar a la Seguridad Social y, desde luego, pagaría mucho menos de IRPF (en 2013 pagué de IRPF 46.968,56 euros por todos mis ingresos). Calculo que tras mi jubilación los contribuyentes se ahorrarían conmigo, como máximo, 1.000 euros mensuales.
Y yo me pregunto: ¿no habría muchas empresas o administraciones dispuestas a pagar 1.000 euros mensuales por el trabajo de una persona que tiene dos doctorados, ha trabajado de alto funcionario en España y  en las Naciones Unidas, ha sido profesor universitario, ha llevado la Hacienda del mayor ayuntamiento de España, ha sido diputado y ha sido, en fin, presidente de una Comunidad Autónoma durante doce años? ¿Es que la experiencia no vale para nada en España?
Pues eso: 1000 euros es lo que en términos netos paga la Comunidad de Madrid por la asesoría de una persona que la ha presidido doce años y que algo debe saber sobre los problemas que tienen la institución y los madrileños.

Concluyo este alegato con una reflexión más general: se percibe por estos lares una pulsión generalizada por quitarse de en medio a las personas mayores, como si estorbaran en sus puestos de trabajo. Y así vemos a médicos, ingenieros, administrativos… en perfecto estado físico y mental que, sin ellos desearlo, son “enviados” a la pre-jubilación o a la jubilación, como si esa expulsión le saliera gratis al contribuyente. Pues de gratis, nada. Los jubilados en contra de su voluntad cobrarán la jubilación y dejarán de aportar a la sociedad su valioso trabajo.
Aunque las personas con experiencia podamos llegar a ser bastante incómodas, antes de pre-jubilar o jubilar a una persona, el “jubilador” debería echar una mirada a la pirámide de edades española. Entonces se daría cuenta de que, en España, jubilar a alguien en contra de su voluntad es, simplemente, un crimen de “lesa patria”.