La huelga de los trabajadores de la Justicia y el asesinato de la niña Mari Luz, en Huelva, a manos de un delincuente ya condenado que –supuestamente – tenía que estar en la cárcel, han puesto en el orden del día el mal funcionamiento de la Justicia en España o, con más precisión, en el Estado de las Autonomías (EA).
La huelga nació porque los salarios públicos (en el Estado y en las 17 autonomías) carecen –en contra del sentido común y de la Ley- de homogeneidad, lo cual añade pruebas a la hipótesis según la cual los mezzogobiernos españoles del EA no se dirigen hacia un Estado Federal (EF), sino hacia un modelo algo más antiguo: los Reinos de Taifas.
Para explicar el asesinato de la niña se ha buscado, rápidamente, un chivo expiatorio (el juez Rafael Tirado) para que cargue –él solito- con las culpas del desmadre. Pero no va a colar, porque el público sabe, por ejemplo, que no existe un registro único donde figuren las personas sometidas a requisitorias. Un registro que sea utilizable por las autoridades (judiciales o no)… y no existe porque conectar hoy cualquier base de datos, por ejemplo, de la Autonomía Vasca con la de Andalucía o de las dos con el Estado es misión imposible, precisamente porque no caminamos hacia un EF, sino hacia los Taifas. Unos reinos incomunicados entre sí.
El desgobierno institucional es clamoroso. Por ejemplo, los funcionarios judiciales dependen de la Consejería autonómica correspondiente (o del Ministerio de Justicia si no está transferida) y los jueces -que dirigen buena parte de ese trabajo- carecen de competencia disciplinaria o sancionadora sobre sus funcionarios. ¿Cómo quieren que, en estas condiciones, funcione la cosa?
NOTA: Si el asesino de la niña hubiera ingresado en prisión por el delito anterior, ya hubiera estado libre en el momento del asesinato.
